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domingo, 5 de enero de 2020

El DNI Electrónico, las lecciones que nos deja


El lanzamiento de la aplicación de identidad digital para dispositivos móviles (Smartphones)[1] por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC marca un cambio positivo e importante en el proyecto del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) propugnado por esta institución como base para la identificación digital ciudadana. Al respecto, es importante anotar los diversos problemas que este proyecto ha presentado a lo largo de su desarrollo sobre los cuales puedo proponer algunas recomendaciones para mejorar el funcionamiento del ecosistema de identidad digital en el Perú.
Fig. 1 El Documento Nacional de Identidad Electrónico (https://dnielectronico.pe/)

El DNIe
En mayo del 2013, el RENIEC inició la emisión del DNIe con el propósito de reemplazar el documento DNI existente proporcionándole al mismo la capacidad de almacenamiento y procesamiento basado en una tecnología de tarjeta inteligente (Smart Card)[2], cuyo Circuito Integrado (chip) contenía la información básica para la identificación ciudadana[3]. Sin embargo, el DNIe no era solamente una mejora tecnológica del DNI anterior, sino que además pretendía ser la base de un sistema de identidad digital para el ciudadano y el instrumento principal para el desarrollo de servicios digitales[4].

La propuesta se dirigía a proporcionar a los servicios digitales de un mecanismo de autenticación digital mediante el uso de un Certificado Digital[5] para autenticación y de un mecanismo de firma digital (equivalente a la firma autógrafa) con base en un Certificado Digital para firma, ambos certificados digitales incluidos en la tarjeta inteligente. El proyecto tenía una gran similitud con el proyecto español de DNIe y era parecido a otras experiencias de identidad digital (como por ejemplo la de Estonia o Corea del Sur). 
    
Al momento, podemos considerar que el despliegue del DNIe no ha cumplido sus expectativas. A finales del 2018 el número de DNIe emitidos era un poco más de 850,000[6] y existen muy pocos servicios digitales que lo usan[7]. Además, por problemas de provisión, se detuvo temporalmente la emisión de nuevos DNIe[8]. Al momento dos últimas noticias se pueden destacar: la adquisición de más de 6 millones de tarjetas para el DNIe[9] con la opción de lectura inalámbrica[10] y el lanzamiento de una aplicación (APP) para smartphones dentro de los cuales se instalarían los certificados digitales mencionados, teniendo la misma funcionalidad de identidad digital que el DNIe.

Los problemas relacionados a su uso y despliegue surgieron desde el inicio y revelaron las limitaciones existentes en el Estado peruano para el manejo de proyectos tecnológicos complejos, especialmente aquellos que involucran transversalmente a toda nuestra sociedad. Mencionaré algunos de los problemas más resaltantes.

La complejidad de su despliegue
Todo elemento tecnológico lleva inherente una complejidad propia relacionada con su despliegue y posterior operación. Es bastante frecuente que esta complejidad sea minimizada sea por la presión de la salida al mercado o por falta de planificación. En el caso del DNIe, su emisión con todas las características indicadas es de por si un proceso complejo que requiere infraestructura especial y garantizar su integridad mediante el cumplimiento de una serie de condiciones técnicas, físicas y de procesos. Además, estas condiciones deben ser acreditadas para su validez con base a la normatividad establecida en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica IOFE[11] creada por el reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales.

Estas condiciones inicialmente solo fueron cumplidas en algunos locales del RENIEC en Lima y el acondicionamiento de los demás locales recién se inicia en el año 2016.[12]

La complejidad de su uso
Otro de los aspectos que se soslaya al desplegar mecanismos tecnológicos es la claridad sobre quién y cómo lo va a usar, aspecto crucial para su despliegue. El DNIe requiere para su uso de un dispositivo lector adicional, que debe ser instalado y configurado en el computador desde el cual se va a acceder a los servicios. Una revisión a las páginas de Identificación digital de Estonia[13], nos puede dar idea de esta complejidad, en donde por ejemplo los usuarios deben actualizar el software cada cierto tiempo.

En este aspecto, se me hace muy difícil concebir a un ciudadano promedio peruano adquiriendo un lector de tarjetas, configurándolo en su PC y estando al tanto de como las actualizaciones a su software base pueden afectar el uso de su DNIe.    

En el caso de España incluso se regalaron los lectores de tarjeta[14], a pesar de lo cual el despliegue no pudo cumplir sus expectativas. Para el caso peruano, se hubiera requerido un programa muy grande de alfabetización y soporte muy difícil de implementar entre nuestros ciudadanos de baja apropiación digital promedio en donde incluso el uso de las PC disminuye relativamente[15]

La gestión de la obsolescencia
Un aspecto clave en el manejo de un proyecto tecnológico es la gestión de la obsolescencia. De no tratarse adecuadamente se corre el riesgo de implementar un “legacy”[16]. Los proyectos de identificación digital usando tarjetas inteligentes se han implantado en diversos países con diversos grados de éxito. En el caso español, el despliegue se inició el año 2006 y realmente no logró cumplir con sus objetivos a pesar de los grandes esfuerzos realizados por su gobierno.[17].

En el Perú con siete años de diferencia lanzamos el DNIe, con un modelo tecnológico similar. A pesar de que la tecnología de tarjetas inteligentes sigue vigente (aunque en sus etapas finales) es claro que, debido a la demora en su lanzamiento y despliegue, el modelo de identidad digital basado en tarjeta inteligente está actualmente en camino a su obsolescencia. Globalmente los distintos países están migrando a modelos basados en smartphones[18]. 
   
El manejo de las expectativas sobre el uso del DNIe
Las expectativas se enfocaron en establecer que el DNIe era un instrumento indispensable para el desarrollo de servicios digitales porque era el método de autenticación y firma digital más seguro creando la sensación de que era el único que se podía usar. La realidad es que el DNIe con certificados digitales es solo uno de los muchos métodos disponibles y que de acuerdo con el nivel de riesgo implicado en las transacciones se podían usar medios más sencillos de firma electrónica[19], tal como la clave SOL (de usuario y contraseña) que permitió desplegar ampliamente los servicios digitales de la SUNAT, aunque claro sin los niveles de seguridad del DNIe.

El DNIe y los servicios digitales
La utilización del DNIe para la autenticación y firma digital en los servicios digitales requiere que estos servicios implementen los mecanismos tecnológicos y de procesos respectivos para posibilitar su uso, lo que necesariamente requiere una inversión.  Sin embargo, al no existir usuarios con DNIe (dado el limitado despliegue) la inversión no podía justificarse plenamente. Tal situación produce un falso “punto muerto”[20]: no puedo desplegar servicios digitales “seguros” porque el DNIe no está desplegado en mi población objetivo y por otro lado no puedo desplegar adecuadamente el DNIe porque no hay servicios que lo usen.

La salida es simple: Crear servicios digitales con mecanismos que todas las personas pudieran usar (por ejemplo, usuario y contraseña) e introducir progresivamente otros mecanismos, entre ellos el DNIe, mientras los instrumentos y servicios respectivos se despliegan. Afortunadamente, tanto en el gobierno como en la sociedad se plantearon otras opciones. El avance de la SUNAT en sus servicios digitales se explica por el uso de un sistema de autenticación sencillo (clave SOL) y en el caso de los servicios digitales de los bancos, por el uso de mecanismos de autenticación digital de por lo menos dos factores[21] adecuados al riesgo y uso de sus clientes.

La falta de un proyecto de Identidad Digital y de una entidad digital
El despliegue de un elemento tecnológico debe considerar todos los componentes que hacen que este elemento tecnológico pueda ser desplegado y operar; donde los más importantes son justamente los componentes no tecnológicos. Entre ellos podemos contar: la cobertura del despliegue, la preparación de los usuarios para usarlo, los servicios en donde serán usados, el soporte que se dará, entre otros. Todos estos elementos se organizan en un proyecto que es capaz de implementarlos en conjunto y progresivamente para asegurar el éxito de éste. El problema con el DNIe era que fue concebido solo desde su propio punto de vista como reemplazo del DNI anterior, con proyecciones de demanda dfíciles de cumplir,  y no consideraba los demás elementos especialmente el de los servicios que lo iban a usar.

Además, el DNIe como mecanismo usado para la identidad digital debe estar inmerso dentro de un concepto y Sistema de Identidad Digital[22] para poder ser usado efectivamente, el cual actualmente no está convenientemente definido. La definición de este sistema requiere la creación una entidad de alcance nacional que sea capaz de orquestar y regular el ecosistema de identidad digital (dentro del ecosistema digital en general), uniendo a los diferentes actores y promoviendo la creación de servicios tanto públicos como privados que utilicen a su vez los servicios de identidad digital en este ecosistema[24].

Recomendaciones para impulsar la identidad Digital y el DNIe
Con el objetivo de impulsar efectivamente el desarrollo del ecosistema digital, me permito realizar las siguientes recomendaciones:

Impulsar la creación de un Ente Rector Digital con las competencias necesarias para orquestar un Ecosistema de Identidad Digital. Este ente podría ser un Ministerio, pero como paso inmediato puede tener la forma de una Agencia Digital creada como una OTE (Oficina Técnica Especializada) que integre los ejes digitales de Infraestructura, Economía y Gobierno, y sea capaz de interactuar con las diversas entidades del Estado, del sector privado, la Academia y la sociedad civil.[25]

Crear el Proyecto de Identidad Digital peruano (bajo este ente rector), estableciendo las características generales no solo para el Estado sino para todo el ecosistema. Por ejemplo, reconociendo la presencia de varios proveedores de identidad y múltiples mecanismos tecnológicos.[26]

Fortalecer al RENIEC en sus funciones esenciales que son la Identidad Nacional y los Registros Civiles. Esta entidad debe fortificar los mecanismos de verificación de la identidad nacional que le darán la base a los proveedores de identidad digital existentes (aspecto que realiza actualmente, por ejemplo, con los bancos en la verificación de la huella digital).

Establecer un sistema de identidad digital que permita la convivencia de varios mecanismos de autenticación y firma digital que puedan ser asignados en la medida del riesgo de la transacción asociada.[27]

Mantener el DNIe en tarjeta inteligente como una mejora del DNI anterior, pero utilizando certificados digitales sólo a solicitud del usuario.

Darle prioridad a la aplicación de identidad nacional en smartphones como la base de la creación de servicios digitales, enmarcado en el Proyecto de Identidad Digital con la participación de los diferentes involucrados públicos y privados que puedan generar los servicios necesarios para su utilización.

Conclusión
El desarrollo del ecosistema digital debe verse como un esfuerzo conjunto de múltiples actores tanto en el Estado como el sector privado, la academia y la propia sociedad civil. Cualquier entidad del Estado debe entender que no está aislada y que para desplegar servicios tecnológicos es necesario crear previamente los mecanismos institucionales que lo permitan, especialmente si estos servicios atraviesan o impactan a toda nuestra sociedad.   





[2] Tarjeta con circuito integrado (TCI) que permite la ejecución de cierta lógica programada. La usada por el DNIe era una con microprocesador, sistema operativo Java Card, capacidad criptográfica y memoria EEPROM de 144Kb (fuente: RENIEC). 
[3] El DNIe contiene cuatro aplicaciones de software: i) la aplicación de identidad eMRTD ICAO, ii) la aplicación de firma digital PKI, iii) la aplicación de autenticación biométrica por huella dactilar Match-on-Card y iv) una cuarta aplicación de tipo genérico para aplicación futura (fuente: RENIEC).
[4] El desarrollo del proyecto se puede consultar en http://www.reniec.gob.pe/portal/pdf/01_dnie.pdf
[5] Documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad. Usa una técnica de criptografía asimétrica.
[6] Según estadísticas de RENIEC el número total al 2018 era de 858,484. https://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/identificada
[9] Licitación LP-SM-7-2018-RENIEC-1 para adquirir 6,689,390 Tarjetas inteligentes adjudicada al Consorcio Indra Smart por S/. 55,860,320 según acta de buena pro del 17 de abril del 2019
[10] De acuerdo con la norma ISO/IEC 18092 NFC, según los documentos de la licitación LP-SM-7-2018-RENIEC-1
[11] Sistema confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa Competente, provisto de instrumentos legales y técnicos que permiten generar firmas digitales y proporcionar diversos niveles de seguridad respecto de:  1) La integridad de los documentos electrónicos; 2) La identidad de su autor, lo que es regulado conforme a Ley (reglamento de la Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales, DS 052-2008-PCM)
[12] Actualmente se cuenta con cerca de 58 locales a nivel nacional que están certificados para emitir DNIe (fuente INDECOPI)
[16] Un sistema heredado (o sistema legacy) es un sistema informático (equipos informáticos o aplicaciones) que ha quedado anticuado pero que sigue siendo utilizado por el usuario (generalmente, una organización o empresa) y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla (fuente: Wikipedia)
[18] Estonia ha desarrollado varios servicios de identificación uno de ellos con dispositivos móviles (Mobiil-ID, https://www.id.ee/index.php?id=36881). En Corea del sur evolucionan permanentemente y actualmente desarrollan sistemas de autenticación biométrica basada en móviles usando en lo interno certificados digitales bajo el estándar de la Alianza FIDO "Fast Identity Online"  (K-FIDO, https://es.slideshare.net/FIDOAlliance/bioauthentication-fido-and-pki-trends-in-korea)
[19] Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita (Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales).
[20] Se suele entender como “deadlock”
[21] Para una autenticación segura, se menciona que se deben usar métodos que combinen hasta tres factores:  algo que el usuario sabe (por ejemplo, contraseña), algo que el usuario tiene (por ejemplo, token, tarjeta, etc.) y algo propio de él mismo (por ejemplo, huella digital)
[22] Realmente debería mencionarse como Ecosistema de Identidad Digital
[24] Si bien, según el DU Nº 006-2020 que crea el Sistema Nacional de  Transformación Digital esa entidad es la Secretaría de Gobierno Digital SEGDI  de la PCM, queda la duda de cómo esta entidad  podría enfrentar este reto al ser una oficina que reporta a la Secretaría General de la PCM.   
[25] Existe la opción de convertir a la SEGDI en este ente rector digital transformándola en una Agencia Digital con todas las competencias y empoderamiento del caso.    
[26] Las características de este ecosistema las describí en el artículo siguiente: https://consensodigital.blogspot.com/2017/06/la-identidad-y-autenticacion-en-los.html. Si bien existe un nuevo plan de masificación del DNIe, este sigue el mismos enfoque anterior.
[27] Extraoficialmente tengo conocimiento del desarrollo de un sistema de identificación  y autenticación en el Estado con estas características, lo cual sería un buen punto de inicio.

miércoles, 7 de marzo de 2018

Perú en digitalización, cada vez más rezagados


La digitalización es una tendencia mundial que afecta a todos los procesos económicos y sociales impactando directamente en la competitividad de los países. Existen diversos índices globales que utilizando una serie de dimensiones e indicadores permiten medir el nivel de digitalización de las diferentes economías del mundo estableciendo sus posiciones relativas y proporcionando información para la toma de decisiones tanto privadas como de política pública. En un estudio denominado Digital Planet 2017, se establece no solo el estado actual sino también el momentum o impulso a la digitalización de cada país. El estudio además de mostrar a nuestro país justamente en los últimos lugares también revela el poco impulso que tenemos en este aspecto, confirmando lo que he manifestado en diversas oportunidades: en lo digital, el Perú no sólo está atrasado, sino que además su lento crecimiento nos rezaga cada vez más.

El índice: DEI Digital Evolutión Index

El reporte “Digital Planet 2017 - How Competitiveness and Trust in Digital Economies Vary Across The World” elaborado por  Bhaskar Chakravorti and Ravi Shankar Chaturvedi de “The Fletcher School, Tufts University”[1] en Julio del 2017, nos presenta el Índice de Evolución Digital (DEI por su acrónimo en inglés) que según indican, pretende ser una evaluación holística basada en datos del progreso de la economía digital en 60 países combinando más de 100 indicadores en cuatro dimensiones clave: condiciones de oferta, condiciones de demanda, ambiente institucional, y cambio e innovación.

El estudio indica que la competitividad de una economía digital es función no solo de su estado de digitalización sino también de la velocidad de este desarrollo digital, en este caso medido a través del periodo 2008-2015. El DEI divide a los países en cuatro segmentos (ver figura 1):

  •     “Stand Out”, aquellos países que presentan tanto un gran avance en digitalización como un gran impulso en la misma.
  •    “Stall Out”, países que muestran un alto grado de digitalización pero que han disminuido en su impulso.
  •   “Break Out”, países que si bien tienen un bajo nivel de digitalización están evolucionando rápidamente.
  •    “Watch Out”, los que tiene que enfrentar retos significativos dado su bajo nivel de digitalización y bajo impulso. En algunos casos estos países están retrocediendo en digitalización


El estudio además presenta el análisis de la “confianza digital”, que surge por la presencia de los riesgos crecientes por la cada vez más amplia dependencia de la tecnología digital, tomando en cuenta la integridad del ambiente digital, la calidad de la experiencia de los usuarios, las actitudes hacia las instituciones clave y el comportamiento de los usuarios en los servicios digitales.

Figura 1. Digital Evolution Index 2017

La posición del Perú en el DEI
Según se aprecia en el reporte, la posición del Perú es una de las más desfavorables. En cuanto al estado de digitalización ocupamos el puesto 49 (de 60) con un puntaje de 2.15 y en cuanto al ratio de avance ocupamos la posición 52 con un promedio de 1.29. Con estos valores el Perú se encuentra posicionado en el cuadrante de los países “Watch out” o “En cuidado”. Es decir, el Perú presenta un bajo nivel de digitalización, pero además su impulso a la misma es muy bajo y enfrenta serios retos de desarrollo.

Si nos comparamos con los países latinoamericano vemos que Colombia, Brasil, México están en un nivel similar (44, 46 y 47 respectivamente en nivel de digitalización) los tres por encima de Perú; de ellos destaca Colombia por su impulso a la digitalización (con un valor de 2.11 y en la posición 9 de momemtum). Chile, por otro lado, destaca en su nivel de digitalización (en la posición 30) y su progreso podría indicarse como de impulso medio o constante. El caso de Bolivia es destacable pues si bien su digitalización es muy baja (puesto 59 con 1.54) su ratio es muy alto (puesto 3 con 3.63).

Las implicancias en el caso del Perú
Dado el lento avance de Peru, lo esperable es que la distancia con los demás países de Latinoamérica se incremente para el caso de aquellos países que nos superan y se acorte con aquellos que superamos (en este reporte Bolivia), con lo cual el país se verá afectado con una creciente pérdida de competitividad digital que impactará directamente en su competitividad general.

La pérdida de competitividad resultante es altamente relevante puesto que a nivel global muchas decisiones de inversión se establecen en base a la impresión de competitividad que presentamos. Así, por ejemplo, la decisión de localizar los Data Center por los grandes operadores de computación en la nube tendrá en consideración este factor.
Si bien, a veces se tiende a cuestionar los índices globales, no se puede ocultar nuestro poco desarrollo digital comparativo, pero más aún, un rápido repaso de lo que hemos realizado como país para el desarrollo digital en los últimos diez años (más bien lo que no hemos hecho) corrobora ampliamente lo mostrado en el reporte mencionado. 

Conclusión
La competitividad digital del Perú, que a su vez impulsa la competitividad en general, está claramente estancada en niveles medio bajos que nos posicionan por debajo de países similares al nuestro. Además, nuestro impulso a la digitalización es lo suficientemente débil para predecir que nos iremos retrasando aún más en el futuro.

La tendencia de retrasarnos es aún más preocupante puesto que las acciones que actualmente se están ejecutando en lo digital son de bajo impacto y prácticamente las mismas que se han estado haciendo en los últimos diez años, con el hecho advertido en múltiples oportunidades de una falta crónica de conciencia en los sectores decisores del impacto de la digitalización en nuestro país.



[1] https://sites.tufts.edu/digitalplanet/executive-summary/

lunes, 22 de enero de 2018

El Procedimiento Administrativo Electrónico y la Ley 27444

La transformación digital del Estado requiere, entre varios aspectos, la aplicación de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones TIC en el desarrollo y ejecución de los diversos procesos y procedimientos del mismo, cuyo marco normativo se establece principalmente en la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General. A propósito de los últimos cambios a esta Ley, que  introduce explícitamente al procedimiento electrónico y considerando las discusiones sobre el impacto de lo digital, creo necesario precisar algunos conceptos que nos sirvan para un planteamiento adecuado para incluir el procedimiento administrativo electrónico en el marco normativo actual; aspecto que, a mi juicio, es clave para realmente “modernizar” el Estado peruano.

El Procedimiento Administrativo General
La Ley 27444 regula la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollado por sus entidades. Como lo define esta ley (artículo 29), se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo (declaraciones de las entidades) que produce efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados.

Esta actuación administrativa se revela, por ejemplo, cuando solicitamos una autorización, un permiso, una jubilación, la designación de funcionarios, una concesión, una acreditación o una licencia sobre una materia administrada o ejercida por el Estado.  Esta Ley es la base del funcionamiento administrativo del Estado el cual los ciudadanos lo experimentamos principalmente a través de los trámites, es decir la ejecución de los procedimientos administrativos.

Hay que indicar que la concepción de esta Ley obedece a una visión específica del funcionamiento del procedimiento administrativo, establecido como un proceso manual y con documentos escritos. De esta forma, se establecen condiciones relacionadas a los documentos (artículo 41, entre otros) que están concebidos bajo su forma en soporte en papel, por ejemplo, cuando menciona la copia de escritos (artículo 114) o la recepción documental (artículo 117), entre varios casos a mencionar.

La discusión que se plantea desde el punto de vista de lo digital es si esta Ley  puede ser aplicada eficazmente cuando el procedimiento administrativo es ejecutado por medios electrónicos o digitales.

Los últimos cambios sobre el Procedimiento Administrativo General    
Mediante Decreto Legislativo 1272 emitido en diciembre del 2016 se establecen varios cambios a la Ley 27444. Los más relevantes a nuestra discusión se mencionan en el artículo 29-A del Procedimiento Administrativo Electrónico, que indica en su primer punto: “Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los documentos…”. En un segundo punto precisa que “El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente Ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes…”. En un tercer acápite menciona: “Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales…”. Finalizando con: ”Mediante Decreto Supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos”.

El principal punto que destacar es que la ley concede validez jurídica al procedimiento administrativo electrónico, lo que es un buen punto de inicio para nuestro propósito. Sin embargo, al delegar en una norma de menor rango (decreto supremo) la definición de los lineamientos y condiciones para aplicar las TIC al procedimiento administrativo, se deja constancia del poco conocimiento del legislador sobre el impacto real que lo digital tiene sobre el procedimiento administrativo, subyaciendo el concepto que lo que se trata es de aplicar los medios electrónicos al procedimiento manual y reemplazar el papel por documentos electrónicos. 

El Procedimiento Administrativo Electrónico
¿Es el procedimiento administrativo electrónico solamente la aplicación de los medios electrónicos al proceso manual, incluyendo el reemplazo del documento en papel por uno electrónico?

En general, la introducción efectiva de las TIC dentro de cualquier proceso de negocio genera una transformación del mismo impactando la forma como los usuarios se relacionan con las organizaciones y los modelos de negocio relacionados. Este aspecto no tendría que ser diferente para los procesos del Estado. Como ejemplo, las TIC permitirían que los documentos producto de una interacción del ciudadano con el Estado, puedan ser emitidos sin necesidad que éste lo solicite (que es la forma usual de interacción). De esta forma, una partida de matrimonio podría ser expedida automáticamente en formato electrónico al momento que la Municipalidad registra el acto y guardada en una carpeta electrónica del ciudadano, sin que éste la haya solicitado explícitamente.

El procedimiento administrativo electrónico establece elementos y características muy diferenciadas respecto a un procedimiento manual y su entendimiento requiere que se supere el paradigma de los documentos escritos sobre papel. Para ilustrarlo, el siguiente gráfico describe en forma general los componentes de un proceso administrativo electrónico[1]
Flujo del Procedimiento Administrativo Electrónico (Fuente: Estudio R, Burneo, CNC, 2016)


El primer componente que observar es el de la Carpeta Electrónica, que modifica la forma de interacción del ciudadano con el Estado. Al ser un repositorio de los documentos de los ciudadanos permite que las entidades del Estado depositen y extraigan documentos de la misma, haciendo más eficiente la interacción con el ciudadano y disminuyendo sensiblemente los requerimientos técnicos de interoperabilidad.

Si bien siempre es necesaria una mesa de partes (en este caso sede electrónica) esta puede operar las 24 horas con acuses de recibo automáticos y proporcionando además el estado de los trámites también en forma automática (sin ser solicitado) manejando alertas a través de múltiples dispositivos.

El procesamiento de las solicitudes requiere de un sistema de gestión de procesos que pueda integrar los diferentes procedimientos con los diferentes sistemas y registros que las instituciones poseen. Un aspecto clave en este caso es la estandarización del documento y del expediente electrónico. Finalmente, los documentos deberán ser preservados con reglas diferentes a las aplicables a los actuales archivos en papel.

Para su funcionamiento, se establece claramente la necesidad de un sistema de identidad y autenticación digital que sea seguro pero flexible y adecuado a las necesidades de los ciudadanos y a los niveles de riesgo de cada procedimiento.

Cómo implantar El procedimiento administrativo electrónico
Dadas las complejidades que el procedimiento administrativo electrónico conlleva, es necesario establecer un diseño general del mismo y establecer los impactos sobre los dispositivos normativos existentes principalmente la Ley 27444. Una vez determinados estos impactos, se pueden establecer los instrumentos normativos en el rango que sean apropiados. Por ejemplo, el análisis nos debería indicar si para gestionar una mesa de partes virtual deberíamos modificar la Ley, que define la recepción documental (artículo 117), o si nos bastaría con una norma de menor rango para reglamentarla.

Al respecto, se debe establecer un enfoque de trabajo que incluya a las principales entidades involucradas y que tenga en cuenta tanto aspectos legales, de procesos y tecnológicos en un proceso de búsqueda de consenso, inevitable si queremos tener dispositivos normativos realmente eficaces, explorando las alternativas, entre las cuales considero deberá incluirse la de emitir una Ley que norme el procedimiento administrativo electrónico como complemento a la Ley 27444.

Conclusión
El procedimiento administrativo electrónico es el resultado de la aplicación de las TIC al procedimiento administrativo general, lo que trae consigo la aparición de nuevos elementos y características que transforman dicho procedimiento, estableciendo la necesidad de revisar los instrumentos que lo norman especialmente la Ley 27444.

La revisión de la normativa actual debe partir de un claro entendimiento de los componentes del procedimiento administrativo electrónico y de sus características, evaluando el impacto que estas tienen sobre dicha normativa y estableciendo los cambios y mejoras que se deban realizar en el nivel normativo más adecuado incluso con modificación de la propia Ley 27444.


Se trata de establecer un marco normativo que no deje dudas sobre la aplicación del proceso administrativo electrónico y que permita que los servicios digitales del Estado y su propio proceso de transformación digital se establezca sobre bases sostenibles y sustentables.




[1] Consultoría para el estudio sobre bases para la adaptación del procedimiento administrativo general al entorno digital, Roberto Burneo, CNC, 2016 

lunes, 12 de junio de 2017

La Identidad y Autenticación en los Servicios Digitales


El acelerado despliegue de los servicios digitales impone retos importantes a los proveedores, usuarios y reguladores, siendo uno de los más relevantes el de garantizar la identidad de la persona o entidad objeto de los mismos.  El tema de la identidad digital está en pleno desarrollo (además con varios niveles de polémica) y las empresas, así como los estados, están desarrollando diversos métodos y normativas para gestionarla de la mejor forma posible considerando aspectos tan diversos como: la gradualidad en su implementación, la facilidad y costo de su uso, los niveles de riesgo y seguridad requeridos y el avance de las tecnologías relacionadas.  Considerando estos diversos aspectos y el nivel de desarrollo de los servicios digitales en el Perú, sería conveniente establecer un Sistema de Identidad Digital que sea en principio simple, alineado a los ciudadanos, progresivo, con varios métodos disponibles y adaptable a los cambios tecnológicos.

Los servicios individualizados requieren para su prestación que contemos con una identificación reconocida por los proveedores de los mismos y un método para verificarla. Por ejemplo, para consultar un libro en una biblioteca pública (el servicio) debemos tener una cuenta de usuario (identidad) que ha sido obtenida en un proceso de registro y presentar al encargado del servicio el documento de la biblioteca que registra dicha cuenta con información (por ejemplo, una foto) que le permite comprobar que efectivamente somos los titulares de la cuenta (autenticación) y en consecuencia podemos acceder al nivel de servicio que nos corresponde (autorización) y consultar los libros deseados. En este caso, el proceso de verificación de la identidad comprende la comparación presencial de nuestra foto, lo que la biblioteca (proveedor) considera suficiente para prestar el servicio.

Fig. 1Fuente: www.apuntesdemarketing.es 

El servicio digital (proporcionado a través de una red tal como el Internet) requiere igualmente una identidad (que en este caso se le denomina identidad digital) obtenida a través de un proceso de registro que puede ser virtual (como en los correos electrónicos gratuitos o las redes sociales), presencial (como el caso de la clave de acceso que la autoridad tributaria SUNAT nos entrega) o una combinación de ambos (como cuando los bancos nos dan acceso a los servicios de “Home Banking”). Además, requiere un método para verificar esta identidad (autenticación), que por la propia naturaleza virtual del servicio no puede ser presencial, motivo por el cual se desarrollan diversos instrumentos para lograr esta verificación.

El método que todos conocemos y mayormente usamos es el de usuario y contraseña. El proveedor asocia a nuestra identidad un nombre de usuario (“user name”) y una contraseña (“Password”) que se supone secreta y bajo nuestro control. Con ambos elementos proporcionados al servicio, el proveedor verifica nuestra identidad (nos autentica) y de ser positiva nos presta el servicio (por ejemplo, para usar nuestro correo Google, Outlook, Yahoo u otro) con los derechos de uso (autorización) asignados a nuestra identidad. Por su simplicidad y bajo costo (para el proveedor y el usuario) es el método más usado para servicios en que los proveedores (y los usuarios, de ser el caso) consideran que el riesgo implicado no amerita un método más complejo.    

En otros servicios donde la evaluación del riesgo es mayor (por ejemplo, en los servicios bancarios), a la identidad (cuenta asignada normalmente en forma presencial) se le asignan métodos de autenticación más seguros, tales como, un Número de Identificación Personal (PIN), una tarjeta de claves, un Token[1] de seguridad físico o virtual, entre otros, que cada entidad financiera utiliza en sus servicios de acuerdo al nivel de riesgo asociado a cada tipo de transacción.  Los métodos de autenticación se pueden clasificar de acuerdo a los denominados factores de autenticación; un primer factor corresponde a algo que el usuario sabe (una contraseña o un PIN), un segundo factor corresponde a algo que el usuario tiene (documento de identidad, tarjeta inteligente-Smart Card, Token, etc.) y un tercero a algo que el usuario es o hace (la huella digital, el patrón de la retina, otro patrón biométrico, o el reconocimiento de voz). La autenticación es más segura si combina más de un factor (por ejemplo, la autenticación de dos factores usada normalmente en las transacciones bancarias). Los factores biométricos se están usando cada vez más y podrían generalizarse rápidamente (por ejemplo, el reconocimiento facial).

Fig. 2 Fuente: mobilityguard-latam.com
Los riesgos de suplantación de identidad siempre presentes en los servicios digitales obligan a establecer sistemas técnica y normativamente más sólidos como soporte al desarrollo de los servicios digitales tanto públicos como privados. Por ejemplo, la empresa Google ofrece un método de autenticación de dos factores que sus usuarios pueden configurar[2] en sus cuentas, igualmente la empresa Apple ofrece un método parecido[3].  El caso del sector público es en realidad más complejo puesto que no solo debe ofrecer mecanismos de identidad y autenticación de sus propios servicios, sino que además deberá en algún momento regular los diversos mecanismos de identidad digital que se utilicen en el ámbito privado. En este punto hay que indicar que cada país está desarrollando su Sistema de Identidad Digital de acuerdo a su estado de desarrollo, cultura y ámbito normativo.

Podemos revisar casos tan disímiles como el de Estonia, Chile o Estados Unidos. En Estonia tienen un Sistema de Identidad digital[4] bastante desarrollado basado en un documento de identidad nacional portado en una Smart Card (Id-card y Digi-Id) o en un Smart Phone (Mobiil-id) que utiliza certificados digitales[5] tanto para autenticación como para firma de documentos. En Chile el sistema de identidad[6]  se denomina Clave Única y se basa en un método de usuario y contraseña relacionado con el documento de identidad nacional, único para los diversos servicios digitales del Estado. El caso de Estados Unidos es bastante interesante puesto que debido a que diferentes entidades estatales y federales proporcionan su propio método de autenticación y que en su ecosistema digital tienen alta participación las empresas privadas, están desarrollando un Sistema de Identidad Digital basado en múltiples proveedores de identidad públicos o privados certificados para dar este servicio. El programa se llama Connect.gov[7] y está actualmente en ejecución.   La conclusión hasta aquí es que cada país tiene características diferentes y que no es posible trasladar un sistema de uno a otro sino más bien desarrollar el propio en base claro a las lecciones aprendidas de los demás, como se puede apreciar en el Informe del CNC sobre el análisis de los sistemas de diferentes países[8].

Fig. 3 Connect.gov USA, Análisis de Modelos de Autenticación, Carina Estrada, CNC
En el Perú aún no tenemos un Sistema de Identidad Digital establecido plenamente para el Estado. En nuestro caso conviven: los mecanismos que cada entidad del Estado establece basado principalmente en usuario y contraseña, la Clavel SOL de la administración tributaria - SUNAT que es igualmente un sistema de usuario y contraseña, y el servicio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC basado en el DNIe (Documento Nacional de Identidad Electrónico), el cual se basa en una Smart Card que contiene un certificado digital de autenticación, además de uno para firma digital (actualmente este sistema es usado en servicios del programa Beca 18[9]). La Clave SOL es realmente la más difundida debido a que todo contribuyente debe de utilizarla dado que, por ejemplo, todo el proceso de declaración de impuestos está digitalizado. El DNIe, por otro lado, está en su fase de despliegue, pero es oportuno indicar que su uso en un proceso de autenticación requiere de un lector de Smart Card con el correspondiente software instalado en el dispositivo con el que se tiene acceso al servicio digital. Respecto a los servicios digitales privados, igualmente conviven diferentes sistemas la mayoría basados en usuario y contraseña, siendo destacables los servicios bancarios que usan mecanismos de autenticación de dos factores.

Para establecer el Sistema de Identidad Digital en el Perú será necesario considerar diferentes variables: el bajo desarrollo actual de los servicios digitales, la diversidad de los niveles de madurez tecnológica de las entidades, la cultura digital del país, el nivel de complejidad de los diversos métodos de autenticación para su administración y uso, los niveles de riesgo asociados a cada servicio, los avances tecnológicos, y las preferencias de los ciudadanos.  El Sistema de Identidad Digital, entonces, deberá ser uno que permita a los diversos tipos de usuarios poder utilizarlo sin mucha dificultad, que se adapte a los servicios existentes, que sea de complejidad e implementación progresiva, que esté en línea con los riesgos implicados en las transacciones, que sea formalmente establecido, que utilice los métodos existentes y que considere las necesidades del usuario. En este caso el sistema propuesto se debería establecer con los siguientes criterios:
  • Pensado en las necesidades del ciudadano y los usuarios en general
  • Utilizando la verificación de la Identidad Nacional administrada por el RENIEC en los casos que se requiera
  • Combinando o unificando los servicios de los principales proveedores de identidad digital existentes en el Estado (SUNAT y RENIEC) y propiciando la formalidad de los proveedores de identidad privados
  • Implementando, en el caso del Estado, un primer método basado en usuario y contraseña, pero único para todos los ciudadanos en los diferentes servicios estatales (siguiendo el  ejemplo de Clave Única de chile)
  • Estableciendo los criterios para que las entidades puedan determinar los métodos de autenticación requeridos respecto al nivel de riesgo asociado a cada transacción
  • Creando sucesivamente diversos mecanismos de autenticación (por ejemplo, se podría crear un mecanismo de dos factores con un Token virtual en el teléfono vía SMS)
  • Usando el DNIe con certificados digitales de acuerdo a su despliegue y al desarrollo de los usuarios
  • Evolucionando con la tecnología (por ejemplo, Smart Phones con certificados digitales o con funciones de biometría)
  • Contando con un esquema de desarrollo multiestamentario que permita darle legitimidad y sostenibilidad (por ejemplo, en el caso colombiano[10]) 
Fig. 4 Sistema de Identidad Digital, CNC 2016
De lo que se trata es de desarrollar un sistema que sea en principio simple de usar y que pueda evolucionar progresivamente, incrementando sucesivamente los niveles de seguridad (y en consecuencia complejidad) conforme los servicios digitales se van desarrollando y de acuerdo a los requerimientos de los ciudadanos. Sin embargo, el desarrollo de este sistema va más allá de los esquemas técnicos. Para construirlo y sostenerlo, es necesario establecer un nivel de institucionalidad mayor al existente que con el grado de empoderamiento necesario pueda establecer las necesarias reglas de cumplimiento en las diversas entidades involucradas.



[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Token_de_seguridad
[2] https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=es-419
[3] https://support.apple.com/es-mx/HT204915
[4] http://www.id.ee/?lang=en
[5] La Ley Nº 27269 peruana lo define como: “documento electrónico generado y firmado digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada confirmando su identidad”
[6] http://www.registrocivil.cl/PortalOI/Manuales/clave_unica.pdf
[7] https://www.connect.gov/
[8] https://1drv.ms/b/s!AhqEVB3HpFPEgsgex-G9VAEDF1HWwg
[9] http://intranet.beca18.gob.pe/
[10] http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-9406.html