En junio del presente la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú PCM liberó
el Estudio de Gobernanza Pública del Perú[1],
elaborado por el grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) dentro del contexto del Programa País dirigido a establecer
las condiciones que permitan al Perú integrarse a dicha organización. El
informe está orientado a evaluar las capacidades actuales y los posibles cursos
de acción relacionados a que el Perú logre establecer sus objetivos para la
reforma de la administración pública. Entre los varios aspectos que lo conforman
(Centro de Gobierno, Planeamiento y Monitoreo, Descentralización, Servicio Civil
y Gobierno Abierto) se encuentra el de Gobierno Digital.
El informe le dedica el capítulo 6: Integrando el Gobierno Digital dentro
de la Modernización del
Sector Público (pag.209), donde evalúa el estado actual
de las políticas digitales del Estado y establece las principales
recomendaciones basadas en esta evaluación y en la visión de la OCDE del
Gobierno Digital. En los temas de evaluación encuentro algunas imprecisiones o vacíos
que felizmente no llegan a invalidar las recomendaciones que considero totalmente
pertinentes. Por ejemplo, el reporte menciona que “El gobierno peruano ha
creado una visión estratégica común para el desarrollo de la Sociedad de la
Información: La Agenda Digital Perú 2.0, adoptada en el 2011”, cuando es obvio
para la mayor parte de las personas involucradas en el tema digital peruano que
dicho documento no ha tenido la relevancia requerida en las políticas de Estado
incluso luego de convocada, recién a finales del 2015, la Comisión Multisectorial
encargada de su seguimiento y evaluación CODESI.
Un hallazgo importante sustentado en la apreciación de los autores (563
pág. 209) apunta a establecer que el Estado peruano posiciona al Gobierno Digital
desde una perspectiva tecnológica y considera su desarrollo como un asunto TIC
(es decir de tecnología). Tengo que indicar que de lo observado desde mi
trabajo actual concuerdo plenamente con dicho hallazgo. El Estado en general le
ha dado a las TIC un rol principalmente de soporte tecnológico y no el de
agente de transformación de sus servicios y procesos, y a pesar de importantes
logros (por ejemplo, facturación electrónica) aún el despliegue de los servicios
electrónicos es notoriamente insuficiente.
El informe establece que se debe considerar la evolución del concepto de
gobierno electrónico hacia el gobierno digital el cual la OCDE define como
(traducción propia)[2]: “el uso
de las tecnologías digitales, como una parte integrada de las estrategias de
modernización del gobierno, para crear valor público. Se basa en un ecosistema
de Gobierno Digital compuesto de actores del gobierno, organizaciones no
gubernamentales, empresas, asociaciones civiles e individuos que soportan la
producción y acceso a los datos, servicios y contenidos a través de
interacciones con el gobierno”.
Definido el Gobierno Digital y realizada la evaluación de la situación
actual, lo más importante del informe son las recomendaciones. En este artículo
las voy a enumerar brevemente teniendo material para ampliar algunos aspectos
en siguientes entregas. Las recomendaciones se resumen en las siguientes
(nuevamente traducción propia):
·
Poner al Gobierno Digital al centro de la
reforma del sector público
o
Adoptar
un concepto más amplio de Gobierno Digital que el de Gobierno Electrónico. Se
refiere a integrar al Gobierno Digital como una herramienta o habilitador
estratégico clave de su reforma pública.
o
Comprometerse
regular y estratégicamente con los “stakeholders” relevantes y todos los
niveles de gobierno, bajo el propósito de incluir sus requerimientos en el
desarrollo de la estrategia y servicios digitales.
o
Introducir
una visión en la estrategia basada en un “consenso de largo plazo” de todos los
interesados relevantes y soportada por un pan de acción coherente a través de
los sectores y niveles de gobierno.
·
Asegurar el liderazgo para una más robusta
gobernanza, gestión y planeamiento
o
Revisar
el marco de gobernanza buscando compromiso y soporte de alto nivel a la
estrategia digital creando un marco institucional con una posición senior de
alto nivel formalmente responsable.
o
Construir
una estructura organizacional y financiera para el Gobierno Digital para
incorporar la estrategia digital dentro de los correspondientes planes
multianuales y de modernización. Además, definir e implementar un marco robusto
de evaluación y medición con resultados de mediano y largo plazo y con sus
respectivas metas e indicadores.
o
Identificar
mecanismos de financiación para asegurar las inversiones adecuadas.
o
Adquirir
las tecnologías digitales basado en evaluaciones de los activos existentes y
acuerdos entre agencias.
·
Llevar a cabo la digitalización usando un
enfoque coherente e integrado a través del país.
o
Alejarse
de los desarrollos y proyectos aislados y crear una masa crítica de buenas
prácticas para compartir, promover y soportar el escalamiento de iniciativas
exitosas.
o
Tomar
ventaja de las TIC para fortalecer el compromiso y la interacción pública (en
línea con el Gobierno Abierto).
o
Conducir
el cambio hacia los servicios transaccionales a través de una gestión proactiva
de canales.
o
Identificar
áreas prioritarias transversales clave para todo el sector público sobre los
cuales focalizar esfuerzos e inversiones.
o
Soportar
la implementación de cambios legales y hacer uso efectivo de habilitadores
horizontales (por ejemplo, interoperabilidad).
·
Allanar el camino para un sector público
impulsado por los datos (data-driven)
o
Desarrollar
y asegurar el compromiso del liderazgo político para implementar la estrategia
hacia el cambio a una cultura impulsada por datos en el sector público y
promover los Datos Abiertos en el Gobierno.
o
Planificar
y ejecutar un marco de Datos Abiertos.
o
Permitir
y promover la producción, uso y reutilización de los datos entre el gobierno y
actores no gubernamentales.
Si bien estas recomendaciones pueden parecer generales (aunque el informe
las precisa un poco más) configuran importantes líneas de acción que deberían
considerarse en el desarrollo de la Política Digital del Estado y
específicamente en el capítulo de Gobierno Digital como eje de la modernización
del Estado.
El enfoque de las recomendaciones me queda claro. En primer lugar, está el
aspecto político en la forma como se debe conducir la reforma del sector
público y en la necesidad de establecer una visión compartida y multiestamentaria.
A continuación, se precisa la necesidad de establecer un fuerte liderazgo que
implemente una gobernanza y un sistema de gestión capaz de desarrollar los
objetivos de la reforma. Lo siguiente ronda más con aspectos de implementación
imprescindibles para obtener resultados mostrables y demostrables. El último se
enfoca en el componente de los datos como base para el funcionamiento del
Estado haciendo el enlace con el Gobierno Abierto (al cual le dedica un
capítulo en el informe).
Considero que la primera recomendación es la más importante y en nuestro
caso además es la más disruptiva dado que implica un cambio de paradigma sobre
la forma como se ha concebido la reforma del sector público. Considerando el
estado actual de desarrollo de los países y de la tecnología, y no importando el
nivel de desarrollo actual de nuestro país, el “poner al Gobierno Digital en el
centro de la reforma del sector público” es el primer cambio de política
imprescindible para una efectiva modernización, y moderno significa actual, del
Estado.
[1]
Public Gobernance Review of Perú, GOV/PGC(2016)13/ANN http://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/06/PGRPeru_OLIS.pdf
[2] OECD
Recommendation on Digital Government Strategies, http://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
