El 29 de Julio del presente la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas liberó la Encuesta de Gobierno Electrónico 2016[1],
que muestra el progreso de las naciones en la promoción del Gobierno
Electrónico con un énfasis, en esta ocasión, en su potencial para soportar el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El reporte señala al
Reino Unido seguido de Australia y la República de Korea como los líderes dentro
de los 193 países del mundo. El Perú en esta encuesta ocupa el puesto 81 habiendo
descendido 9 posiciones en relación al reporte del 2014 y 28 posiciones en
relación al primer reporte del año 2003.
Si bien los resultados de los índices internacionales deben tomarse en su
contexto y contrarrestarse con la realidad dentro de cada país, nos
proporcionan una gran fuente de información para lo que debería ser un proceso
de concienciación y de toma de decisiones por las organizaciones responsables.
Esta encuesta de las Naciones Unidas creo que es muy consistente en su
propósito y respecto por lo menos a nuestro país, bastante acertada. Establece
un tema que es además crucial: El Gobierno Electrónico (o su evolución hacia el
Gobierno Digital) es un instrumento clave e imprescindible del desarrollo.
La encuesta define dos índices. El primero es el Índice de Desarrollo del
Gobierno Electrónico (E-Government Development Index, EGDI) que mide el progreso
del desarrollo del Gobierno Electrónico en los países. Este índice es el
promedio ponderado de los valores normalizados de tres dimensiones: el alcance
y calidad de los Servicios En Línea (Online Service Index, OSI), el avance en
la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones
(Telecommunication Infrastructure Index, TII), y el Capital Humano inherente (Human
Capital Index, HCI). El segundo es el Índice de Participación Electrónica (E-Participation
Index, EPI) que mide la participación de los ciudadanos en los asuntos del
estado a través de medios electrónicos e incluye: “e-information” – provisión
de información en Internet, “e-consultation” – organización de consultas
públicas en línea y “e-decision-making” – involucramiento directo de los
ciudadanos en los procesos de decisión del Estado. En este caso me voy a
concentrar en el primero de los índices, el EGDI.
El
primer aspecto a considerar es la evolución del Perú en la encuesta.
Considerando que esta se toma desde el 2003 ya podemos establecer ciertas
consideraciones no sólo a los valores actuales sino también respecto a las
tendencias y además hacerlo en comparación con los países que más cercanos
están a nuestro desarrollo como son los de la Alianza del Pacífico y nuestro
vecino Ecuador. Si examinamos el cuadro de evolución del ranking del EGDI
(figura 1) observamos que todos los países mencionados excepto Ecuador tienen
una cierta tendencia a la baja. Si bien México ha subido en la encuesta aún no
recupera la posición del 2012 y Colombia no ha podido mantener su posición 31
del 2010. El caso de Ecuador es bastante meritorio puesto que en cuatro años ha
subido 28 posiciones. En el caso de
Perú, descendemos 9 posiciones respecto al 2014 pero 28 respecto al 2003. Es
nuestro caso es preciso notar tres aspectos: una clara tendencia a la baja, una
distancia importante con respecto a los países de la Alianza del Pacífico y que
Ecuador por primera vez nos ha superado en este ranking.
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| Figura 1 |
No es
sorprendente que los países latinoamericanos en general estén descendiendo. Si
bien hay países en la región con un fuerte acento digital, sus esfuerzos son
aún limitados frente al desarrollo de políticas digitales de los países de
otras regiones. Es decir, los países latinoamericanos avanzan, pero no al ritmo
necesario. Este resultado puede aclararse si comparamos esta vez los valores
del índice y no las posiciones (figura 2). Salvo Ecuador y Colombia los países
en el gráfico parecen haberse mantenido dentro de sus valores. El caso del Perú
es claro en mi opinión, simplemente su avance es muy poco en relación a lo
necesario para siquiera mantenerse en su posición lo que equivale en realidad a
un proceso de estancamiento y retroceso. Si bien tenemos servicios importantes (como
la facturación electrónica) la Encuesta toma en cuenta la integridad de las
políticas y no sólo los servicios individuales.
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| Figura 2 |
Para
ahondar un poco más en los factores que están determinando nuestra posición en
este reporte podemos analizar los subíndices comparados contra la encuesta
anterior del 2014 (tabla 1). Si bien
llama la atención el bajo valor de las suscripciones de banda ancha inalámbrica
(dato que merecería una revisión dada las diferencias que existen entre países
en la definición de banda ancha), lo más relevante y además lo que podría
cambiarse rápidamente es lo referente a los servicios en línea (por un lado, la
infraestructura tarda en implantarse y por otro, los cambios en capital humano
son igualmente de mayor plazo). En el cuadro se observa el poco desarrollo que
se ha tenido en estos servicios respecto al reporte del 2014 (además un examen
de reportes anteriores indica un pobre avance a través de los años). Siendo
evidente la importancia de contar con servicios transaccionales y servicios
integrados, los valores indicados nos confirman el bajo grado de evolución de
nuestros servicios electrónicos.
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| Tabla 1 |
Para contrastar estos valores del OSI con la información del país podemos ir al Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCEM[2] administrado por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI y revisar el Catálogo de Servicios En Línea. Encontraremos alrededor de 60 servicios declarados por las propias entidades como transaccionales, aunque muchos de ellos realmente no deberían estar en esta categoría (por ejemplo, el libro de reclamaciones). Además, habría que indicar que la mayoría de estos servicios no cubren el ciclo completo del servicio en línea teniendo de alguna forma un componente presencial (por ejemplo, para el pago; que en muchos casos se tiene que hacer en la ventanilla del Banco de la Nación) con lo que podríamos indicar que no son servicios plenamente transaccionales.
Mi conclusión respecto al informe es que refleja la situación del Perú. Como país de nivel de ingreso medio superior nos encontramos rezagados en la adopción del Gobierno Electrónico respecto a los países de nuestro mismo nivel. La situación, sin embargo, es aún más grave. El informe confirma una tendencia al estancamiento que se correlaciona con la apreciación del poco interés que a este tema le ha dado el Estado en las diferentes administraciones. Al momento, por ejemplo, no contamos con una estrategia definida de Gobierno Electrónico y mucho menos con un Plan de Desarrollo. De seguir la situación y considerando los ciclos de la encuesta sólo podríamos predecir (al margen de las correcciones en los datos de infraestructura) que seguiremos descendiendo, a menos que, con un compromiso decidido del Estado peruano se asuma el reto que el propio informe de la OCDE sobre Gobernanza del Perú indica de: “Poner al Gobierno Digital al centro de la reforma del sector público”.
